Morena quiere regular las redes y eso nos preocupa mucho

Después de semanas en las que la postura del Gobierno de México ha sido de cuestionamiento a Twitter y, luego de la suspensión de cuentas ligadas a la 4T, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de regular redes sociales.

El senador advirtió que espera pasar esta iniciativa en las próximas tres semanas.

Ante el avance de la propuesta, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) hizo pública su postura al respecto y compartió un comunicado para señalar que es necesario un debate multidisciplinario que prevenga una afectación irreparable sobre el ecosistema de Internet en México.

La ALAI afirma que ya comunicó a Monreal sus preocupaciones, bajo el compromiso de ofrecer diálogo abierto que se apegue al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y que incluya al sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil.

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Dice que una de sus preocupaciones principales es que bajo la definición de “redes sociales” cualquier servicio que se ofrece en Internet estaría sujeto al control de un organismo público, con lo que se pondría en riesgo la naturaleza descentralizada y libre de la red.

También hace énfasis en las implicaciones a la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia, así como en la erradicación de las medidas técnicas y humanas que las propias redes sociales ya tienen en marcha para proteger la integridad de sus usuarios, emprendedores y negocios.

¿Quitar suspensiones?

Por otro lado, la ALAI refiere que la regulación propuesta por Monreal busca poner en marcha un entramado legal para restituir cuentas que habían sido suspendidas por infringir las normas de la comunidad en redes como Twitter, así como otorgar facultades de revisión y aprobación al IFT.

Hugo Rodríguez Nicolat, director de políticas públicas de Twitter México- y cuyos antecedentes con el PAN fueron señalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador- dijo que de regularse las redes sociales hay riesgo de alimentar impulsos legislativos draconianos, y de choque entre quienes busquen libertad de expresión y los que quieran remoción de contenido.

La Asociación señala que la regulación de redes sociales atentaría contra las disposiciones del T-MEC en materia de trato nacional, pues se impondrían barreras al comercio digital que Estados Unidos y Canadá no tienen previstas, lo que generaría incertidumbre jurídica y flujo limitado de datos transfronterizos.

Y por último, anticipa que una regulación de esta naturaleza tendría impactos negativos en el desarrollo digital y económico de México, pues las redes sociales dejarían de ser medios de libre difusión de productos, servicios y causas sociales de las que se valen MiPyMEs y organizaciones de la sociedad civil para llegar a sus audiencias.

Al final de su postura, la ALAI insiste en que debe pensarse en reducir la afectación a la libertad de expresión, a la innovación, a la seguridad en línea y a la economía digital.

La iniciativa de Monreal para regular las redes sociales en 7 puntos

Estos son los siete puntos clave de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por Monreal:

1.- La iniciativa contempla regular las redes sociales que tengan más de 1 millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.

2.- Para poder operar, estas redes requerirán autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado.

3.- Las redes podrán establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos previamente autorizados por el IFT.

4.- Sólo podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito.

5.- Las redes sociales deberán tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos que sea resuelto en un plazo máximo de 24 horas y atendido por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión.

6.- En caso de que las redes sociales no resuelvan la impugnación, se podrá presentar una queja por violación a la libertad de expresión ante el IFT, que ejercerá como árbitro entre las partes.

7.- Si se acreditaran violaciones a la libertad de expresión, se prevén multas de hasta 89.62 millones de pesos (4.4 millones de dólares).